sábado, 23 de noviembre de 2013

DESCUBREN NARCOFOSAS EN TIJUANA

4 narcofosas en Tijuana en 20 días
http://www.uniradioinforma.com/noticias/policiaca/articulo236159.html

En los últimos 20 días autoridades federales han localizado 4 narcofosas en la periferia de Tijuana, que esconden cuerpos calcinados y que no tienen relación con los actos de Santiago Meza El Pozolero, informó el presidente de Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda.
Explicó que los occisos fueron tirados a un barranco, para luego colocarles llantas y prenderles fuego “una vez calcinados hay más tierra y sobre ellos hay más cuerpos y más llantas”.
Sostuvo que los 4 puntos fueron situados tras la salida del ex procurador de Justicia Rommel Moreno Manjarrez.
Mencionó que 1 de las narcofosas está localizada al Este de Tijuana.
Al ser cuestionado a qué Cártel atribuía los asesinados, respondió:
“Estos casos son del 2007-2010, bueno, como a raíz de la balacera del 2008 en el Cañaveral, yo pienso que todas esas gentes son de un sólo Cártel de los Arellano Félix y después dirigido por Teodoro García Simental aliado al Cártel de Sinaloa”.

viernes, 22 de noviembre de 2013

NARCO CULTURA, EL DOCUMENTAL

El documental Narco Cultura, del periodista Shaul Schwarz, con localidades agotadas en cada exhibición en la Berlinale, explora la cultura marginal en Ciudad Juárez y denuncia el absurdo de la guerra contra las drogas.
Mientras El Paso, Texas, con 5 homicidios en 2010, fue declarada ese año la ciudad más segura de Estados Unidos, del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el número de muertos creció a un ritmo exponencial. En el 2007 fueron registrados 320 homicidios, tres años después hubo 3.622 asesinatos. "He estado en muchos lugares en conflicto como Afganistán, Gaza, pero la intensidad en Ciudad Juárez no tiene igual. Son unos cuantos pasos los que la separan de El Paso, pero es como entrar en el infierno", afirma Shaul Schwarz en conversación con DW.
El periodista de guerra sigue con su cámara a Richie Soto, un oficial del Servicio Médico Forense (Semefo), que le ayuda a documentar la ensangrentada realidad de los juarenses. Se ve a madres desconsoladas que gritan y luchan contra oficiales que no las dejan pasar a una escena del crimen. Ellas temen que sus hijos están entre los muertos. El espectador es testigo del dolor, la violencia y el miedo con el que vive la población de una ciudad cuyas calles se ven vacías. "Muchos compañeros renunciaron a su puesto por miedo, por la inseguridad", cuenta Richie Soto, que enseña una fotografía que muestra a compañeros suyos que fueron asesinados.
Las imágenes contrastan con el segundo protagonista de la cinta, el cantante de narco corridos Edgar Quintero, que contribuye con su trabajo a idealizar a los narcotraficantes. "Los clientes piden y pagan y yo les traigo el encargo", canta burlonamente subido en un automóvil con vidrios oscuros. Quintero cuenta que estuvo en la cárcel. "Mi hijo tiene 2 años y mi hija tiene dos meses y tengo que pensar en el futuro", dice ante la cámara.
"Tanto Richie como Edgar, no están vinculados con la guerra directamente. Ellos representan a los cientos de miles de personas inocentes que están implicadas en el conflicto. Edgar incluso está aprendiendo a glorificar a los narcos", dice Schwarz, cuyo documental fue estrenado en el festival de cine independiente de Sundance, antes de tener su estreno europeo en Berlín.
 
 

LOS CABALLEROS TEMPLARIOS EN EL SENADO DE LA NACION

Asegura Luisa María Calderón que ella pidió que no se hablara con los templarios
 
La confirmación de que integrantes del grupo criminal Caballeros templarios se reunieron con legisladores el pasado 17 de octubre provocó revuelo y posturas contradictorias en el Senado. La panista Luisa María Calderón reiteró que ella pidió que no se llevara a cabo el encuentro, autorizado por el presidente de la mesa directiva, Raúl Cervantes.
Tanto Cervantes como el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, respondieron que ella debió haber presentado la denuncia, en caso de que tuviera pruebas de que el grupo de michoacanos que pidió ser atendido para tratar un tema de seguridad eran en realidad templarios.
Asimismo, Gamboa Patrón rechazó que el Senado esté infiltrado por el crimen organizado.
La senadora Calderón reveló que uno de los ciudadanos con los que se reunieron –el jueves 17 de octubre– ella y otros legisladores es el director del Conalep de Apatzingán, Juan Pozos Mancilla, quien forma parte de los Caballeros templarios. Relató que ese día estaba en su escaño, en plena sesión, cuando un enviado de la mesa directiva le pidió que recibiera a representantes de un grupo de 300 personas que venían de Apatzingán y realizaban un mitin fuera del recinto de Reforma e Insurgentes.
Agregó que no le dieron nombres y, sin saber de quién se trataba, ella, el presidente de la Comisión de Seguridad, Omar Fayad, y los senadores Raúl Morón y María del Rocío Pineda Gochi –los dos últimos de Michoacán– salieron a atenderlos en las salas 3 y 4. Al recibirlos, uno de ellos dijo: ‘‘Es que desde que el presidente Calderón nos declaró la guerra...’’ Además, cuando se fueron presentando, los nombres ‘‘le sonaron’’ a la panista. Salieron de la reunión porque debían ir a votar y después sólo regresó Fayad, ya que los demás legisladores informaron quiénes eran los visitantes a sus coordinadores, los que ya no les permitieron continuar con ese encuentro.
Luisa María Calderón agregó que Fayad se comprometió a informar de lo ocurrido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ella no lo hizo personalmente porque, dijo, el secretario ‘‘debe estar muy ocupado’’ y por tanto no le quedó más remedio que ventilar el hecho públicamente, ‘‘porque Michoacán está que arde’’.
Por su parte, el coordinador panista en el Senado, Jorge Luis Preciado, adelantó que va a pedir una investigación a fondo y coincidió con Calderón Hinojosa en que el mismo día 17 de octubre, en que el grupo estaba en la Cámara, le notificaron tanto a Fayad como a Gamboa que los visitantes no eran ciudadanos de Apatzingán, como se habían anunciado, sino presuntos Caballeros templarios.
En entrevista aparte, Gamboa Patrón respondió que desconoce si Fayad lo hizo del conocimiento de Osorio Chong e insistió en que la senadora Luisa María Calderón debió presentar la denuncia si tenía confirmado que eran integrantes del crimen organizado.
El senador priísta yucateco recalcó que él no acudió a las autoridades porque no tenía confirmado que se tratara de gente de los templarios y recalcó que el Senado está obligado constitucionalmente a recibir a los ciudadanos que lo soliciten.
El presidente del Senado, el también priísta Raúl Cervantes, agregó que ‘‘sin pruebas se trata sólo de sospechas’’, pero dejó abierta la posibilidad de dar vista de la situación a las autoridades judiciales, luego de allegarse más información.
‘‘Lo que no hará el Senado es cerrar las puertas a quienes piden de buena fe ser escuchados, ya que sería violatorio de los derechos humanos”.

martes, 19 de noviembre de 2013

ASÍ FUNCIONA EL NARCO EN LA ARGENTINA: "LOS GARDELITOS"

Los Gardelitos: Las bandas narco pisan fuerte en el Conurbano
http://www.urgente24.com/221019-los-gardelitos-las-bandas-narco-pisan-fuerte-en-el-conurbano

Bandas de narcos como Los Monos o Los Garompas (de Rosario) han florecido en el conurbano bonaerense al calor del consumo de estupefacientes: en la zona norte del Gran Buenos Aires una banda llamada Los Gardelitos opera en diferentes villas de San Martín y San Isidro respondiendo principalmente a dos grandes proveedores que mantienen arreglos para conseguir protección. Los Gardelitos cuentan con una organización sofisticada y alianzas en el extranjero.
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
El fenómeno del narcotráfico está ampliamente extendido por todo el país. La falta de controles fronterizos, las alianzas permisivas en ciertos aspectos con algunos países vecinos y el caldo de cultivo de pobreza más corrupción hacen del conurbano bonaerense un escenario similar al del sur de Rosario, donde la banda Los Monos controla el tráfico de drogas de toda la ciudad y mantiene atemorizada a la población a fuerza de balas.
En la zona Norte del conurbano bonaerense, al abrigo de los consumidores con mayor poder adquisitivo, ha ido creciendo con los años una banda que funciona de manera corporativa, organizada y de manera muy similar a la de las bandas narcos mexicanas o colombianas. Incluso cuentan con alianzas en el extranjero, tanto para importar como para exportar sustancias.
En la zona Norte del Gran Buenos Aires, especialmente en los partidos de San Martín y San Isidro, esta actividad es manejada por varios capos, que a su vez responden a dos proveedores que tendrían fuertes lazos con algunos sectores policiales de distintas fuerzas, asegura el Diario Popular.
Serían esos dos proveedores los que se encargan religiosamente del 1 al 5 de cada mes, de pagar la "prote", tal como le dicen a la coima que abonan para no ser "molestados". Aunque, cabe aclarar, eso no les garantiza una impunidad absoluta, debido a que no todo se puede comprar.
Según distintas fuentes, los grandes proveedores serían dos hombres apodados Piturro y El Tucumano. El primero está preso y el otro es quien actualmente ostentaría el poder absoluto en el negocio que se ha expandido, especialmente, en los asentamientos del partido de San Martín y San Isidro. Con raíces en la provincia norteña, este personaje heredó una conocida banda narco denominada Los Gardelitos.

Gardelitos
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
En San Martín, la cocaína barata (cuya dosis oscilaría entre los 50 y los 100 pesos), la comercializan punteros inmersos en los barrios Los Paraguayos, Loyola, Cárcova, Korea, La Rana, Itatí, 9 de Julio, entre otros. En tanto que la villa 18, que históricamente manejó el ahora detenido Miguel Angel "Mameluco" Villalba, estaría liderada por un tal "Bam-Bam".
Los mismos proveedores de San Martín tendrían también el control de la venta que se desarrollaría en los barrios La Cava y Uruguay, de San Isidro. Cabe aclarar que en cada asentamiento existe un capo que actúa en forma independiente, aunque tiene la "obligación" de comprar la sustancia al mismo proveedor que, a la postre, sería el máximo dueño del negocio. Allí radicaría la importancia de El Tucumano.
El fenómeno de "favelización" que se está dando en distintas zonas del Gran Buenos Aires ha llevado a que en cada zona se haya conformado una verdadera organización delictiva con una estructura definida. Según las fuentes, trabajarían en dos turnos diarios de 12 horas, con los "dealers" (vendedores), "soldaditos" (jóvenes armados encargados de la seguridad) y los "isas" que son aquellos que tienen que vigilar los alrededores y avisar ante un movimiento extraño.
El negocio ilegal es tan productivo que, a modo de ejemplo, un vocero con acceso a una de las decenas de causas que se instruyen tanto en juzgados federales como provinciales, comentó: "Hace un tiempo pudimos infiltrar a un informante, quien nos contó que en una villa de San Martín, de lunes a jueves la recaudación era de 80 mil pesos por turno (hay dos turnos por día), mientras que de viernes a domingos la venta aumenta a 120 mil pesos".
El complejo entramado que une a capos, proveedores y empleados se ha convertido en un dramático fenómeno que preocupa a los investigadores. La realidad indica que el narcotráfico se ha instalado en el país.

Investigando a Los Monos
Entretanto, la Justicia de Santa Fe investiga si más de doce viviendas atribuidas a la familia Cantero, cuyos integrantes lideran la banda de Los Monos, fueron adquiridas o construidas con fondos sin origen lícito demostrable. En ese caso, las propiedades podrían ser objeto de decomiso para su posterior subasta en caso de que la causa penal contra los miembros del clan del barrio Las Flores avance hacia condenas o bien se determine, en causas autónomas por lavado de dinero, el origen ilegal de los bienes. Estas casas, diseminadas por distintas localidades del departamento Rosario, suponen un patrimonio varias veces millonario que se presume ligado al blanqueo de activos procedente de delitos.
La posición del cuerpo de fiscales que trabaja en la causa penal es que todos estos inmuebles deben quedar sujetos a decomiso por vía de la investigación penal. Si las personas a las que se atribuye la posesión de esas propiedades resultan sancionadas, las mismas serán expropiadas según el artículo 23 del Código Penal por estar relacionados esos bienes con la secuencia de delitos que aún se investigan.
Pero aún sin la condena por el delito precedente, esas propiedades podrán terminar decomisadas. Si en función de los indicios reunidos en la investigación aparece la evidencia de lavado de dinero no se necesita una condena previa por los delitos que produjeron ese dinero. Evidencias tales como escuchas telefónicas, informes de entidades de bienes registrables y testimonios pueden implicar que se invierta la carga de la prueba porque se los presume de procedencia ilícita. En ese caso los dueños de esos bienes son quienes deberán demostrar cómo los obtuvieron. 

viernes, 15 de noviembre de 2013

HABLANDO DE NARCOTRÁFICO, CON CARLOS PAGNI

Odisea Argentina
con Carlos Pagni
Lunes 11 de noviembre de 2013
Canal Metro, Buenos Aires, República Argentina

martes, 12 de noviembre de 2013

"EL NARCOTRÁFICO VA EMPEORANDO PAULATINAMENTE"

El narcotráfico va empeorando paulatinamente
Entrevista con el investigador del Ministerio de Seguridad y especialista en narcotráfico, Norberto Emmerich.
por Enrique de la Calle
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/sociedad/13101-qel-narcotrafico-va-empeorando-paulatinamenteq.html

AGENCIA PACO URONDO: Han aparecido en los medios muchos hechos violentos vinculados con el narcotráfico. ¿Dan cuenta de un fenómeno cada vez más grave en el país?
Norberto Emmerich: El narcotráfico va empeorando paulatinamente pero para ubicarnos más o menos qué significa empeorar, deberíamos tener un diagnóstico de situación de dónde venimos y hasta dónde supuestamente estaríamos yendo. En línea general, Argentina ha sido tradicionalmente, y por muchos años, un país considerado “de tránsito”. Básicamente, de cocaína proveniente de Colombia y muy secundariamente de Bolivia con destino a Europa, y un poco luego, a raíz de los controles sobre los puertos colombianos, con destino a Estados Unidos. Ese status de ya quedó definitivamente en el pasado. El mercado argentino se ha vuelto más complejo: sigue siendo un país de tránsito pero claramente es un país de consumo muy fuerte.
En América Latina, hace unos años, era el segundo consumidor y ahora es un fuerte consumidor de cocaína. Y también, claramente y quizás eso sea lo más preocupante, ahora es un país productor, cada vez se descubren más laboratorios y cocinas de cocaína en los barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país.
Por otro lado, está el problema de bandas que pelean entre sí por el control del territorio, como es el caso de Rosario, fuerte penetración territorial del crimen organizado, como pasa en Salta, o como el caso, tal vez poco conocido  pero cada vez más claro para los investigadores, de la Ciudad de Buenos Aires.

APU: Resumiendo lo que plantea: pasamos de ser un país sólo de tránsito de droga a constituirnos en un mercado importante para el narcotráfico. ¿Es así? ¿Qué implica eso en términos de la necesaria intervención estatal?
NE: Hay que tener en cuenta que el mercado argentino empieza a ser, desde hace varios años, interesantes básicamente por ser un país alejado de los circuitos de consumo tradicionales que siguen siendo Estados Unidos y Europa. Las crisis económicas que tuvieron los países latinoamericanos en los años 2001/2002, obligaron al narcotráfico a realizar cambios internos para poder seguir subsistiendo. En el caso de Argentina, nace el “paco” como droga alternativa frente a una situación económica sumamente hostil para los sectores más empobrecidos que ya no podían acceder a la cocaína porque se volvió muy cara. El “paco” crea un mercado cada vez más amplio.
En nuestros barrios y en nuestras villas, el consumo de paco crece cada vez más y se vuelve sustentable en el sentido que se acomoda y sostiene un mercado fijo y fuerte, protegido y muy enraizado con fuerzas policiales y demás. Por otro lado, el paco es un tema aparte, no es un tema solo o exclusivamente ligado a la droga, sino que tiene una problemática social y ambiental muy
fuertemente conectada con el tema del consumo.

APU: ¿Cómo se organiza el narcotráfico en Argentina? ¿Son carteles que vienen del exterior, que trasladan sus sistemas de producción al país? ¿Se producen alianzas con productores locales?
NE: Lo que se puede decir es que tenemos intentos reiterados de carteles del exterior, primero colombianos, ahora mexicanos, de entrar en el mercado argentino por el lado de inversiones en campañas políticas en el pasado, pero no han sido muy exitosos. La penetración ha sido casi estrictamente de carácter financiero y no ha tenido demasiada repercusión. Lo que sí hay son carteles nacionales o creados en el país, en manos de población extranjera, tenemos carteles peruanos, paraguayos, colombianos. Algunos de ellos se dedican al tránsito de cocaína al exterior con base en el Puerto de Campana o con base en la isla de Cerrito en el Chaco.
Después tenemos actividades con lo que se llama “menudeo”: se da en nuestras ciudades con fuerte vinculación con fuerzas policiales provinciales. Tenemos además, y eso es lo que está llamando la atención, disputas territoriales muy fuertes en Rosario y ahora en Ciudad de Buenos Aires.

APU: ¿El caso de Rosario es el más grave?
NE: En Rosario se llegó a un punto en el cual la historia deja de ser tan caótica que ni se pueden nombrar personajes, ni grupos ni bandas ni crear un discurso periodístico alrededor del narcotráfico. Ahora se está en un estadio superior donde ya tenemos bandas con nombres, con líderes, una zona específica.

APU: En ese caso ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno santafesino?
NE: La respuesta del gobierno santafesino es bastante específica en dos puntos de vista. En primer lugar, el gobierno tiene problemas en el manejo político de su propia policía, que actúa en forma segmentada y fragmentada frente a la disputa que se da en entre bandas.
La disputa es entre dos bandas por el control del mercado y la actuación de la policía es fragmentada. Tradicionalmente la policía estuvo vinculada a la banda de “los monos”; con la intención de disminuir la importancia de esa banda, se optó por apoyar a la banda rival, con lo cual, la policía aparece como otro actor más en el medio de la guerra. Y la política provincial es una política clásica de penalización o criminalización del problema. No es que esto no sea un problema criminal y penal, pero todo abordaje que sea criminal y penal va decididamente al fracaso porque este es un problema político, en el sentido de que es un problema de control territorial. A esto se le agrega, y lo vuelve todavía más complicado y denso, la disputa de carácter político con el gobierno nacional, lo cual implica la casi nula posibilidad de una colaboración estrecha en la solución del problema.

APU: Muchos candidatos que obtuvieron muchos votos en las recientes elecciones hablaron de la necesidad de llevar al Congreso la discusión de políticas eficaces para combatir al narcotráfico ¿Por dónde ve que pasan esas soluciones, esas políticas?
NE: Los candidatos han tomado el tema de la seguridad en general y discursivamente el tema del narcotráfico, pero en general el modelo de gerenciamiento de la seguridad en Argentina sigue siendo el mismo, básicamente, un modelo de gerenciamiento. La palabra es proveniente del mundo empresarial y por lo tanto no tiene mucho que ver con el mundo político pero así es como se maneja la seguridad en Argentina. Los gobiernos y los gobernadores entregan a la policía el control en los temas de seguridad y la policía lo hace una especie de acuerdo con los sectores criminales más poderosos, el cual tolera cierto margen de ilegalidad, siempre y cuando no salte a la primera plana de los diarios y se convierta en un problema político.
Ese viejo sistema que ha funcionado durante algunas décadas ya hace varios años que es totalmente inviable y disfuncional porque los acuerdos no se cumplen, porque los gobiernos cambian constantemente de políticas, de funcionarios, los presupuestos son inestables, los ajustes son recurrentes. Y básicamente la mano de obra policial vive situaciones muy ajustadas en cuanto a presupuesto, vestimenta, equipamiento, tecnología, con lo cual, en definitiva, por más que se estandarice la política de seguridad, el control de la policía sobre esa política es cada vez más reducida.

APU: Uno de los temas que se discutió en la campaña es la posibilidad de voltear aviones, supuestamente ligados al narcotráfico. ¿Cuál es su opinión sobre esa política?
NE: Las políticas de control que el gobierno pueda plantear o plasmar tienen dos niveles, uno de carácter técnico y otro de carácter político. El gobierno sí se ha planteado y ha tratado de llevar adelante algunas estrategias de control con insumos técnicos. Un ejemplo de ello ha sido el programa del “Escudo Norte”, con la idea de radarizar la frontera y custodiar los ingresos de mercaderías ilegales.
Pero todo esto, precisamente por ser insumos técnicos y con la intención de que la política sea una acumulación de recursos técnicos, se torna rápidamente inútil y en el medio se vuelve inviable por las disputas presupuestarias entre distintas agencias.
En definitiva, de los tres radares que deberían funcionar para que el “Escudo Norte” sea realmente un escudo, sólo se compró uno que no cumple con todas las condiciones que se necesitan para controlar realmente los vuelos. No hay ley de derribo, cosa que debería discutirse para ver si es aceptable para nuestra idiosincrasia.

APU: ¿Hay leyes de derribo en otros países de América Latina?
NE: Ley de derribo tiene Brasil y además tiene completamente radarizado el Amazonas. Tiene estricto control de qué entra por minuto en toda la zona del Amazonas.

EL FIN DEL CARTEL DE TIJUANA

Asesinato en Los Cabos: el fin del Cártel de Tijuana
La organización ha experimentado un declive que ha podido ver, en la muerte de “El Menso”, su último capítulo.
 
El fin del dominio de los Arellano Félix sobre la frontera noroeste de México se produjo como si hubiera estado planeado para que pareciera la escena final de una película de gánsters. Grabaciones recientemente publicadas en Internet han aportado valiosa información de cómo el pasado 18 de octubre, el hermano mayor del clan y primer capo del Cártel de Tijuana fue baleado en medio de su lujosa fiesta de cumpleaños.
Sonaba la ranchera El señor de las canas de Vicente Fernández, en voz del cantante sinaloense “El Mimoso”, antiguo integrante de la célebre Banda El Recodo, que esa noche actuaba en el salón Ocean House de Los Cabos (BCS), donde se reunía en fastuosa celebración la familia junto a sus amigos, e incluso personajes del mundo del espectáculo como el ex jugador de fútbol Jared Borgetti. En un momento de la canción, apareció un sicario disfrazado de payaso que, simulando el trabajo de su disfraz, sin llamar la atención de los presentes, se acercó a la mesa donde estaba el ex capo y le disparó dos veces en la cabeza. Ya en el suelo, remató el cadáver con otros tres tiros.
Francisco Rafael Arellano Félix, de 63 años, fue el primer capo del Cártel de Tijuana. Duró pocos años al frente de la organización criminal, ya que en 1993 fue detenido por la Policía Federal, acusado y condenado a diez años de reclusión por narcotráfico y lavado de dinero (entre otros delitos). Cuatro días antes de ser liberado, en 2004, se inició un proceso internacional que lo llevó a ser extraditado a Estados Unidos dos años después. Sobre él pesaban cargos por narcotráfico, derivados de una operación de la DEA realizada en 1980 en la que fue interceptado cuando trató de vender 205 gramos de cocaína a un agente encubierto. Aunque en esa ocasión logró escapar y refugiarse en México, en 2006 salió de la cárcel del Altiplano (Almoloya, Estado de México), para ingresar en un penal estadounidense en el que cumplió dos de los seis años de condena (reducción por ‘buena conducta’).
Aunque su muerte plantea muchas dudas, su desaparición deja al cartel de los Arellano Félix prácticamente deshecho. Tres de los 7 hermanos que fundaron la organización criminal y que han ocupado alguna vez la dirección están entre rejas. Primero fueron procesados Benjamín (sentenciado a 25 años), y Francisco Javier (cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos). El último de los hermanos, Eduardo “el doctor”, fue detenido en 2008 y dejó las riendas de la banda a sus tres hermas y su sobrino: Luis Fernando Sánchez Arellano alias “el ingeniero”, considerado hoy el único remanente del cártel familiar.
Lejos quedan los años de dominio a sangre y fuego de las plazas de Baja California y Sonora, fruto de las alianzas con los Beltrán-Leyva, en los que llegaron a controlar el trasiego de mercancías ilegales a través de la frontera. Desde el asesinato de Ramón (Mazatlán, 2002), el dirigente más destacado de la historia del cártel (especialmente por su récord sangriento), la organización ha experimentado un declive que ha podido ver, en la muerte de “El Menso”, su último capítulo.
Se ha despertado el temor a que las bandas de segunda fila comiencen una guerra en las calles por hacerse con el control. Sin embargo, hay investigaciones que estiman que definitivamente el Cartel de Sinaloa a logrado hacerse fuerte en Baja California, pudiendo incluso haber establecido un pacto con ‘el ingerniero’. El reciente hallazgo de un narco-túnel con un gran alijo de droga en Tijuana, cuya propiedad ha sido atribuida este cártel, hace pensar que efectivamente la organización de ‘El Chapo’ ha extendido sus redes a la frontera bajacaliforniana.
Pero la supuesta tregua con los Arellano Félix significaría que también estarían participando sus socios, los Beltran-Leyva, quienes pueden haber enterrado sus diferencias con Joaquín Guzmán Loera para crear así un “super cártel”. Si por el contrario, aún no hay una organización dominante en el lugar, Tijuana puede volver a ser el escenario de una guerra entre narcotraficantes.
El Cartel más sangriento
Los Arellano Félix se establecieron en Tijuana en 1989. Fruto del caso Camarena (1985), del que recientemente se han filtrado averiguaciones que implican a agentes de la CIA e intereses de Washington, se derivaron los arrestos de los tres capos del Cártel de Guadalajara: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Con el ingreso en prisión de los zares de la droga, se producía una escisión en el gran cartel dominante en México, asociado incluso con el colombiano Pablo Escobar y que dominó desde Jalisco a Tijuana el negocio del narcotráfico durante décadas.
Descabezada la organización, nacieron dos bandos antagónicos: el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y el de Tijuana, con los hermanos Arellano Félix. Empezaba una época sangrienta en el norte de México; ajustes de cuentas, balaceras y ejecuciones en una guerra de narcos por la conquista de la plaza. Pero en Baja California, los Arellano fueron más lejos.
El Cártel de Tijuana fue la primera organización criminal que diversificó sus actividades delictivas: además del narcotráfico, se dedican al secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y la trata de blancas. Crearon un modus operandi del narco que han seguido otros sanguinarios grupos criminales como Los Zetas.
Tras ser procesado en 1993, Francisco Rafael (el ahora asesinado), fue reemplazado al frente del cártel por su hermano Ramón, quien se convertiría en el mayor asesino de todo el clan. Además de lograr un pacto con los Beltrán-Leyva (también enemistados con ‘El Chapo’), se estima que Ramón Arellano Félix es responsable directo de más de mil muertes. Se le atribuye, entre otros crímenes, la ‘matanza del Sauzal’ (Ensenada, 1998), la mayor perpetrada en Baja California y en la que sus sicarios acribillaron a sangre fría a 18 personas, incluyendo niños, por un supuesto ajuste de cuentas.

sábado, 9 de noviembre de 2013

MATANZA DE TAMAULIPAS: LOS ZETAS ASESINAN, EL GOBIERNO OCULTA

A la luz, los secretos de las matanzas de Tamaulipas
Marcela Turati

Con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, la organización National Security Archive logró desclasificar documentos diplomáticos que revelan la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales –entre ellos los ex gobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández– con las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas. Proceso ofrece una síntesis de la manera en que Los Zetas cometieron sus tropelías contra cientos de indocumentados centroamericanos entre 2010 y 2012.
Salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera soñando en su nueva vida, pero regresaron a bordo de un tráiler con caja refrigerante que los depositó en una morgue. La mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril de 2011 en las fosas en San Fernando, Tamaulipas, era de migrantes pobres asesinados a golpes; su vida no valió siquiera una bala. Al gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la mala publicidad espantara el turismo y las inversiones. Alguien ordenó sacar del Estado los cuerpos para tapar el escándalo.
La información está contenida en la serie de cables desclasificados que funcionarios estadunidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012. En esos reportes queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes.
Los informes, obtenidos por la organización National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la presencia de kaibiles en la zona y la petición de ayuda a Washington­ por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos, y los propios funcionarios estadunidenses, consideraban como generadora de violencia.
Los reportes diplomáticos –confeccionados por distintas dependencias a partir de informantes, funcionarios mexicanos, análisis y notas de prensa– muestran que los cárteles controlaban parte de Tamaulipas, el sufrimiento de la población, el sometimiento de la prensa y la pantomima de un gobierno que simulaba llevar las riendas.
El investigador Michael Evans, del NSA, publicó los primeros documentos en el blog de la organización para mostrar el intento del Estado mexicano por minimizar su responsabilidad ante los crímenes. Nuevos cables proporcionados a Proceso completan la película de horror que vivió Tamaulipas apenas el sexenio pasado.
El reporte clasificado con los números 20100416 (clave que indica el año, el mes y el día de ese escrito del 16 de abril de 2010) señala que marzo, con sus 900 homicidios a escala nacional, fue uno de los más sangrientos y que los funcionarios mexicanos no anticiparon la escalada de violencia cuando el Cártel de Los Zetas se lanzó a controlar las lucrativas plazas del noreste.
Durante febrero y marzo el consulado de Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, informó que la ruptura del Cártel del Golfo (CDG) con sus anteriores aliados provocó que la población fuera castigada sólo por vivir en lugares controlados por rivales. A cada golpe le seguía una venganza.
El pánico se apoderó de Ciudad Victoria –capital del estado–, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y los rumores obligaban a cerrar escuelas. Matamoros –preveía el consulado– podría “ser escena de confrontación en un futuro” por ser cuartel del CDG y valor estratégico para una futura ofensiva”.
Desde el 28 de mayo de 2010 uno de esos documentos menciona un enfrentamiento, como muchos, entre fuerzas federales y sicarios. Su contenido fue casi totalmente censurado, salvo un dato: de cuatro personas asesinadas y cuatro arrestadas el día 19 “se pudo determinar que algunos de ellos eran miembros de Los Zetas y los sujetos de Guatemala eran miembros de las fuerzas especiales de Guatemala (kaibiles)”, militares conocidos por la extrema crueldad de sus métodos de sometimiento de la población, entre éstos las decapitaciones.
En agosto siguiente, un memorándum secreto de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado mencionaba: “La ofensiva de Calderón ha ejercido presión sobre los cárteles, pero también ha tenido consecuencias no previstas: por ejemplo, la remoción de los líderes de las organizaciones del narcotráfico ha llevado a personas con menos experiencia y disciplina a ocupar esos vacíos, contribuyendo a un pico en los asesinatos relacionados con las drogas”.

Revelaciones de la masacre
El 22 de agosto de ese mismo año, 75 migrantes de Guatemala, Honduras, Brasil, Ecuador y un “hindú” que viajaban hacia la frontera en un tráiler de tres paneles fueron detenidos por un número indeterminado de criminales y transportados bajo vigilancia a San Fernando.
El secuestro se habría realizado al norte de un retén fijo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la carretera, a través de pequeños caminos rurales, según el cable enviado desde el consulado de Matamoros, cuatro días después de la masacre.
Entre los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres yacían dos migrantes que por el impacto perdieron la conciencia, pero despertaron: eran un salvadoreño y un ecuatoriano de 18 años. Este último relató los hechos anteriores.
Los sobrevivientes huyeron en distintas direcciones. El ecuatoriano escuchó que al salvadoreño lo persiguieron unas camionetas, luego disparos, e imaginó que había sido asesinado. Mientras tanto, buscó auxilio en una casa o intentó acercarse a los policías locales (el cable destaca que la narración difiere en este punto), mas no lo ayudaron.
Caminó durante la noche. En la madrugada del 23 de agosto llegó a un retén de la Marina, donde dio aviso de lo sucedido. Al intentar ubicar por tierra el lugar de la masacre los marinos llegaron a un rancho en el que fueron atacados. Tres marinos y un miembro del cártel fallecieron. Un menor fue aprehendido, y después el sobreviviente lo identificó como uno de los secuestradores.
El día 24 a las seis de la tarde la Marina encontró los cuerpos en un rancho abandonado: los 72 parecían haber sido amontonados contra la pared de la bodega. “Reportes no confirmados indican que una o más de las mujeres víctimas estaban embarazadas. Las víctimas fueron encontradas sin ninguna identificación. Los tres camiones y el equipaje de los migrantes no fueron recuperados”, se lee en el texto.
En el comentario final, el diplomático que realizó el reporte señala: “Si el relato del sobreviviente es preciso, esto representa un nuevo nivel de violencia de Los Zetas”. Esto porque no parece haber una utilidad de estas muertes para ellos, ya que no pidieron rescate por sus secuestrados como acostumbraban.
“Una teoría planteada por –el nombre de la fuente está borrado– es que como las ganancias de la introducción ilegal de migrantes a Estados Unidos son destinadas al Cártel del Golfo, los asesinatos fueron la manera que Los Zetas encontraron para herir financieramente los intereses de CDG.”
La siguiente comunicación, del día 27, es un resumen de hechos de los últimos cuatro días.
El reporte menciona por primera vez la existencia de fosas comunes con migrantes. “Las autoridades mexicanas aún están buscando una posible fosa clandestina que contendría más de 200 migrantes. Se cree que los cuerpos están en San Fernando cerca de la garita aduanal de “Las Yescas”, entre San Fernando y Matamoros”. (20100827)
Este aviso se dio ocho meses antes de que comenzaran a ser desenterrados casi 200 cadáveres, cuando los asesinatos sistemáticos no pudieron ser ocultados.
En septiembre, Matamoros y sus alrededores parecen vivir una guerra. El alcalde de Hidalgo ha sido asesinado; el Ejército y Los Zetas se enfrentan en Ciudad Mier; tres granadas de fragmentación hieren a 29 civiles en Reynosa. Los ataques ocurren a tres cuadras de un servicio funerario para los 72 migrantes y cerca de la morgue donde se depositaron algunos de sus cuerpos.
Más tarde se registra un ataque contra el hospital de la Marina donde se recuperaba el ecuatoriano que era el informante.
El día 2 de ese mes aparece el segundo sobreviviente de la masacre, quien, según informó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los estadounidenses, se había desplazado solo a Matamoros y “supuestamente fue trasladado al DF para declarar” (20100903).
En tanto, México intentaba limpiar su mala imagen internacional.

Crisis de los autobuses
El 14 de febrero de 2011 fue el día más violento desde la masacre de agosto del año anterior: 26 personas son asesinadas. Una granada en un centro comercial de Matamoros hiere a nueve civiles –según el reporte 20110215– en “un intento de Los Zetas para calentar la plaza al grupo dominante”.
Comienzan los hallazgos de autos calcinados en las carreteras, los asesinatos de pasajeros de autobuses alcanzados por fuegos cruzados y las detenciones masivas como la ocurrida entre Victoria y Matamoros, donde 23 pasajeros fueron obligados a bajar y se les despojó de sus pertenencias.
Dos meses después, en abril, comienzan a descubrirse las llamadas narcofosas. Primero eran 48 cuerpos, dos de ellos vestidos con uniformes de policía, en la comunidad de La Joya, cerca de San Fernando. Algunos en avanzado estado de descomposición, otros fallecidos en un lapso de menos de 10 días.
La primera información que recibe el consulado de funcionarios mexicanos es que los cuerpos probablemente son de narcotraficantes, secuestrados o víctimas de la violencia carretera. El reporte termina con un comentario: “De acuerdo con fuentes oficiales al menos 224 personas han sido secuestradas de las carreteras de Tamaulipas en semanas recientes, incluido un grupo obligado a bajar de un camión interurbano el 23 de marzo” (20110406).
Esa misma semana ya eran 81 los cadáveres encontrados en 17 sitios. El documento 20110408 revela una historia hasta entonces oculta:
El 19 de marzo miembros del crimen organizado secuestraron a 24 personas de un autobús público originario de San Luis Potosí que viajaba a Reynosa. El 24 de marzo secuestraron a 12 personas de un camión originario de Michoacán. También el 24, plagiaron a los 48 pasajeros de un camión de Guanajuato que iba a Reynosa. Los tres cerca de San Fernando.
A partir del 1 de abril, con información de los detenidos y de sus ex rehenes, el Ejército localizó fosas comunes en La Joya, al norte de San Fernando. Primero eran 11 cadáveres, luego 145.
Desde el inicio se adjudica la responsabilidad a Los Zetas. “Esto es consistente con la cobertura de la prensa local, pues los pueblos controlados por Los Zetas no han tenido cobertura de los hallazgos”, indica el reporte.
En relación con esos homicidios, 17 de los 25 miembros de la policía de San Fernando eran detenidos acusados de “proteger” a los perpetradores.
La búsqueda de fosas es interrumpida el 13 de abril –lo hace notar el diplomático–, y los funcionarios expresaron su intención de continuarla después.
Desde el 6 de abril, cuando se anunció el hallazgo, el Semefo de Matamoros fue abarrotado por personas que buscaban información sobre familiares desaparecidos.
“Los hallazgos de San Fernando han atraído a muchos familiares que no habían querido reportar anteriormente las desapariciones a causa del miedo o por amenazas del crimen organizado”, indica el reporte que menciona enseguida esa como la excusa de los funcionarios estatales para su inacción, “la falta de denuncias normales antes del descubrimiento de las fosas impidió a la procuraduría estatal investigar los problemas que eran sospechados en el área de San Fernando”.
Resalta otro dato: “Ninguna de las compañías de autobuses ha presentado una queja formal sobre los ataques de los miembros del crimen organizado sobre los autobuses o sobre pasajeros a pesar del hecho de que los secuestros habían sido generalizados (…) Las autoridades sólo habían recibido dos reportes no oficiales de dos de los secuestros masivos de pasajeros del 24 de marzo. Aunque en privado las autoridades reconocieron que los secuestros son comunes”.
Para entonces la prensa mencionaba que nueve autobuses habían sido secuestrados en ese punto; a las terminales sólo llegaban las maletas.
El 13 de abril, la PGR envió a la capital del país 105 cuerpos y argumentó que allá habría más equipo y que las familias provenientes de Guanajuato y Michoacán tendrían más facilidades. El resto se quedó en Matamoros; los más descompuestos serían enviados a Victoria.
Off the record, oficiales mexicanos dijeron a funcionarios del consulado que “los cuerpos están siendo separados (en grupos) para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante”.
El diplomático que escribe el reporte señala: “El traslado de 105 cadáveres de la sobresaturada, insuficiente morgue de Matamoros al DF, es entendible desde un punto de vista práctico, pero también ayuda a restar visibilidad a la tragedia”.
Revela también que las autoridades estatales sabían lo que ocurría: “Aparentemente las autoridades de Tamaulipas están tratando de minimizar los descubrimientos de San Fernando y la responsabilidad estatal, a pesar de que en un reciente viaje a Ciudad Victoria se reveló que los funcionarios estaban plenamente conscientes del peligro de viajar por carretera a través de esta zona”.
Para finales de mes los cuerpos eran 196 y “se prevé un aumento debido a que la Sedena y la Semar continúan la búsqueda”; 74 personas fueron arrestadas en conexión con los crímenes. Después sería detenido Martín El Kilo Estrada, el jefe local de Los Zetas.
Los funcionarios estatales, en tanto, maniobran para ocultar los hechos. “A pesar de las afirmaciones del gobierno del incremento de la seguridad, durante el periodo de las vacaciones de Semana Santa (abril 16-24) ocurrieron varios eventos violentos, incluyendo ataques a tres camiones que transitaban por la carretera Victoria-Monterrey a la altura de Ciudad Hidalgo, en los que hubo un herido de balaceras en cada uno”.
Los funcionarios estatales, en tanto, seguían maniobrando para minimizar la violencia continua en las carreteras. “A pesar de las afirmaciones del gobierno del incremento de la seguridad, durante el periodo de las vacaciones de Semana Santa (abril 16 -24) ocurrieron varios eventos violentos, incluyendo ataques a tres camiones que transitaban por la carretera Victoria-Monterrey a la altura de ciudad Hidalgo, en los que hubo un herido de balaceras en cada uno”, reporta.
En abril otro cable indica que los gobiernos federal y el estatal se adjudican unos a otros la responsabilidad. En privado, según indica, los funcionarios han dicho que la seguridad en general, y la violencia en las carreteras en particular, es su preocupación más grande, pero evitan en público el tema de la violencia. Una muestra del sinsentido es el anuncio del gobernador Egidio Torre Cantú de que el estado es un buen lugar para invertir y su exageración sobre las seguras condiciones de las playas ‘fuertemente patrulladas’”.
“Funcionarios también repetidamente han afirmado que pueden garantizar la seguridad de cualquier negocio de los inversionistas sin explicar cómo planean hacerlo”.
Para mayo, la Sedena había desarmado a 700 policías. En junio se informó del despido de siete altos oficiales del Instituto Nacional de Migración “en medio de alegatos de que estuvieron involucrados en el secuestro de migrantes”, ya que “inmigrantes de Centroamérica (específicamente de El Salvador y Guatemala) los acusaron de sacarlos de los autobuses y entregarlos a las bandas de narcotraficantes en el Estado de Tamaulipas”. Esos meses tanto la Policía Federal como la Sedena se dedican a liberar secuestrados de casas de seguridad.
En 2012, las investigaciones conducen a actores más importantes. El cable menciona que la PGR ha estado investigando a tres ex gobernadores de Tamaulipas desde 2009, en relación con el arresto de Miguel Ángel Soto Parra, miembro fundador de los Zetas.
“Aunque el gobierno mexicano no reveló los cargos contra estos tres ex mandatarios estatales, se afirma que la investigación ha estado en curso desde principios de 2009, y se derivó del arresto de Miguel Ángel Soto Parra, miembro fundador de los Zetas”.
“Hasta hace poco, el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) fungía como Secretario de Acción Electoral del PRI y, actualmente, busca un asiento en el Senado. Tomás Yarrington (1999-2004) pretende una curul en la Cámara de Diputados y Eugenio Hernández (2005-2010) también busca llegar a la Cámara de Senadores; sin embargo, los entendidos especulan que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, sólo dará su aprobación a Cavazos. Dirigentes del PRI dicen que la investigación sólo refleja una ‘guerra sucia’ en su contra, y que el gobierno mexicano está utilizando a la PGR con fines políticos. Peña Nieto visitó Tamaulipas el 2 de febrero, para lanzar su campaña en el Estado”.